El colectivo Espacio Audiovisual Nacional (EAN) da a conocer un nuevo proyecto de ley que propone, entre otras cosas, un gravamen a las grandes plataformas de contenidos audiovisuales por streaming para ser invertido en las producciones locales. Esto se da en el contexto de una serie de leyes recientes en distintos países del mundo (Francia, España y Suiza, por ejemplo) que este 2021 han impuesto un gravamen a las grandes corporaciones de contenidos audiovisuales, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV o Movistar Plus, para ser utilizado en producciones nacionales.
En su sitio oficial, el EAN menciona la lógica comercial actual monopolizada por los streamings, a la vez que hace referencia al contexto internacional: "Existe gran cantidad de negocios comerciales multinacionales que facturan cifras millonarias a los usuarios locales, a través de las nuevas tecnologías digitales de oferta y exhibición de contenidos audiovisuales. Estas empresas no contribuyen, en la real medida en la que deberían, a fortalecer la producción local de películas, series y nuevos formatos, como ya en otros países comienzan a estar obligados a hacerlo para generar una vigorosa industria audiovisual".
En su texto sobre la actualización del anteproyecto de la nueva Ley Audiovisual, publicado en su sitio oficial, el colectivo establece que su prioridad más urgente radica en “la necesidad de actualizar las contribuciones al Fondo de Fomento de toda la cadena de comercialización de obras audiovisuales”, en lugar de fomentar exclusivamente a la producción. A su vez, remarca la urgencia de una puesta en marcha de la industria nacional audiovisual, dadas las enormes pérdidas de fuentes de trabajo que ocasionó la pandemia a Realizadores y Realizadoras Audiovisuales, Guionistas, Actores y Actrices, Técnicos Audiovisuales y otros trabajadores y artistas. Paradójicamente, a la vez que se perdieron innumerables fuentes y puestos de trabajo, las grandes plataformas de contenidos audiovisuales obtuvieron ingresos multimillonarios.
El EAN propone así “resignificar la cultura y la industria audiovisual” a través de una “adecuación al contexto actual”. La Ley de Cine vigente en la actualidad en la Argentina (Ley 17741) data de 1994, época en la que no existían estas tecnologías digitales de difusión de contenidos, cuyos creadores son hoy quienes se llevan las ganancias más abultadas de la producción audiovisual.
Entre los fundamentos principales del proyecto de ley destacan la regulación estatal de la industria audiovisual, el fomento a la producción y a la distribución, la modificación de los gravámenes a todos los medios de difusión actuales y futuros, el establecimiento de cuotas de pantalla para contrarrestar las prácticas monopólicas de los medios hegemónicos y la declaración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) como la entidad competente para la regulación. Sin embargo, el EAN sostiene que, por "su estructura rígida y burocrática, fue haciendo que el INCAA, ente responsable en la aplicación y administración de la ley, no haya podido resolver, desde su perspectiva analógica, el escenario donde se superponen distintas formas de acceder a los contenidos audiovisuales. La ineficacia de su estructura administrativa, de su Consejo Asesor de co-gobierno 'simbólico', las fallas en la selección rigurosa de los materiales que deben ser protegidos, hace inevitable revisar toda esa experiencia de 26 años para sancionar una nueva ley efectiva y ajustada a la nueva realidad audiovisual constituida por plataformas diversas y simultáneas".
Entre las principales propuestas del borrador de la ley se incluyen la modificación de la estructura de conducción del INCAA, la obligatoriedad de un cupo de producciones nacionales en las plataformas de contenidos digitales, la paridad de género, la mejora y clarificación de los sistemas de créditos y subsidios, y el fomento a toda la cadena del proceso audiovisual, en lugar de destinarlo solo a la producción.
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